El Tribunal de Justicia de la Unión Europea multó ayer con 30 millones a las Diputaciones Forales por incumplimiento en la recuperación de las ayudas fiscales otorgadas en la década de los noventa: reducción de la base imponible (minivacaciones fiscales) y crédito fiscal (45%) por inversiones.
En este artículo Daniel analiza las implicaciones de esta sentencia para las empresas afectadas. Dado que el Tribunal declara expresamente que son las autoridades nacionales las que deben verificar la situación individual de cada una de las empresas y determinar el importe exacto de las ayudas que deben devolver, ello implicaría que las Diputaciones Forales deberán revisar las liquidaciones que practicaron a partir de 2011, en las que siguieron con carácter cautelar los criterios de máximos de la Comisión Europea en cuanto a las cantidades a devolver.
