Recientemente la prensa local se ha hecho eco de la campaña de investigación que, con distinta intensidad, las haciendas forales están desarrollando sobre los profesionales médicos que utilizan sociedades para disminuir sus impuestos. Antes les tocó a los abogados.
En esencia, se persigue a quienes reubican en una sociedad pantalla sus ingresos profesionales. Con este artificio, pretenden escapar de la escala progresiva del IRPF que les llevaría a tributar hasta en un 49% y congelar la tributación de sus ingresos en un 24% o 28% a través de la sociedad. También hay casos en los que, además, la sociedad registra gastos más bien personales de sus socios (como los domésticos, vehículos de cierta gama, ocio, etc.).
Estas prácticas no pueden tolerarse si, de verdad, hacienda somos todos. Estas sociedades pantalla deben ir a la UVI.
Pero tampoco es cuestión de meter a todos en el mismo saco. Hay sociedades médicas que disponen de plantilla propia, infraestructura mobiliaria e inmobiliaria, proyectos de inversión y de crecimiento, etc. Y en sus cuentas de gastos figuran, exclusivamente, los que están vinculados a la actividad y no a otras cosas. A estas sociedades habría que darles el alta.
